Putumayo-Colombia

A través del recorrido y las palabras del Taita, se hace visible la coexistencia de formas contrapuestas de comprender el mundo. Tras la colonización, muchas prácticas tradicionales fueron abandonadas y sustituidas por otras introducidas por colonos. Esto ha generado profundos conflictos entre quienes conciben el territorio como red de elementos vivos y no vivos, diálogo entre cultura y naturaleza , y quienes lo entienden como soporte físico de actividades productivas.

La transferencia de la gestión del agua a autoridades municipales —desvinculadas de las particularidades culturales del territorio— ha reforzado relaciones desiguales entre lo urbano y lo rural, donde las comunidades indígenas y campesinas asumen los costos de un saneamiento inadecuado. Un sistema hídrico que anteriormente sostenía la vida local ha sido transformado en canal de drenaje, sujeto a un modelo de manejo urbano que entra en tensión con las concepciones del agua como entidad viva. En segundo lugar, los problemas de contaminación y saneamiento operan a escala regional, afectando no solo la calidad del agua, sino también los ecosistemas y los medios de vida agrarios tradicionales que se extienden más lejos en el territorio. 

Ante esta situación, y tras observar cómo la minería artesanal —oficio de su padre— fue estigmatizada y criminalizada, F. optó por la piscicultura de trucha como medio de subsistencia. Sin embargo, se frustra al no poder competir con modelos de producción más intensivos, que generan mayores ganancias y reciben mayor respaldo estatal. Para F.,  al igual que para otros líderes indígenas, existe una responsabilidad compartida de reorientar recursos hacia alternativas locales que emergen desde el propio territorio.

Los testimonios de F. y su familia evidencian un proceso de hibridación cultural que parece necesario para garantizar la subsistencia familiar en un contexto que los sitúa en desventaja. Este proceso implica buscar un equilibrio entre dos visiones aparentemente opuestas: el avance —percibido como inevitable— del desarrollo productivista y la preservación de las formas de vida tradicionales. Dicho equilibrio está ubicado dentro del marco del llamado desarrollo sostenible. No obstante, actuar dentro de este marco y asegurar su viabilidad a largo plazo depende en gran medida del acceso a apoyos externos.

Cuando dicho apoyo no proviene de las autoridades estatales, cuyas agendas suelen favorecer prácticas extractivas alineadas con objetivos de crecimiento económico nacional, estas iniciativas se ven obligadas a recurrir a la cooperación internacional. Esta situación resulta problemática en la medida en que reproduce esquemas unilaterales de cooperación que pueden reforzar dinámicas de poder desigual entre “donantes” y “beneficiarios”, socavando la autonomía de estos últimos y perpetuando condiciones de dependencia.

Este marco de gobernanza fragmentado incrementa la complejidad administrativa y los costos, al tiempo que limita la acción coordinada dentro de una misma administración y entre administraciones de distintos niveles gubernamentales. Las políticas gestionadas por distintas dependencias generan vacíos regulatorios y superposiciones institucionales que con frecuencia se traducen en conflictos en el territorio que favorecen a unos y perjudican a otros.

Si bien la gobernanza del agua se apoya en múltiples instrumentos -como los procesos de planificación PORH, la consulta previa obligatoria con autoridades indígenas, campañas de educación ambiental y sistemas de licenciamiento- los actores territoriales, incluidas comunidades indígenas y afrodescendientes, continúan teniendo un acceso limitado y esporádico a los procesos de toma de decisiones e implementación de las medidas demandadas.

La activista ambiental C. C. V. se ha consolidado como una de las voces más críticas frente al proyecto. Además de la explotación a cielo abierto, la iniciativa minera contempla la extracción de arena y piedra del río Mocoa bajo una concesión que se extiende hasta 2043. Esta extracción ha desestabilizado las riberas y áreas circundantes, afectando directamente barrios del suroriente de la ciudad y amenazando ecosistemas de montaña que constituyen fuentes clave de agua. C. señala que la fuerte oposición comunitaria de 2018 y 2019 se debilitó durante la pandemia, cuando el desempleo permitió a la empresa ganar respaldo al ofrecer empleo a aproximadamente 150 personas.

Asimismo, advierte que la minería podría destruir ecosistemas frágiles que albergan especies en peligro como el oso de anteojos, la danta de páramo y numerosas aves, además de afectar reservas forestales y territorios indígenas cercanos. Entre los impactos potenciales menciona la contaminación del agua, la deforestación, la alteración del paisaje por las perforaciones, la erosión del lecho fluvial, riesgos para la salud, restricciones en el acceso al agua, desplazamientos forzados y fragmentación social.

1. también alerta que las solicitudes de ampliación minera presentadas en 2021 por Libero Copper afectan áreas altamente sensibles donde nacen ríos que alimentan tanto el Putumayo como el Caquetá —este último, uno de los principales afluentes del Amazonas—. Considerando la presencia de múltiples fallas geológicas y riesgos de deslizamientos en Mocoa, sostiene que la minería a gran escala incrementa significativamente la vulnerabilidad a desastres ambientales. A través del colectivo “Ríos y Reconciliación”,  busca una regulación más estricta de las actividades extractivas mediante herramientas jurídicas, entre ellas la Sentencia 4360, que reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos.

Hasta la fecha, no existe un fallo definitivo que autorice de manera concluyente la minería a gran escala en la zona, y la movilización social para frenar el proyecto continúa.

Según esta visión la degradación ambiental no constituye únicamente un problema ecológico, sino una herida directa al tejido vital que sostiene la existencia colectiva.

Se observa que la pesca, antes practicada en el mismo río Orito, ha disminuido significativamente debido al deterioro de la calidad del agua, obligando a buscar otras fuentes hídricas. Esta degradación se expresa en las percepciones locales que distinguen entre “malas aguas” (asociadas al río Orito) y “buenas aguas”, provenientes de manantiales limpios y de la recolección de agua de lluvia, destinadas al consumo, la cocina y la higiene.

En los relatos de A. M. y sus hermanos, referencias a creencias animistas ancestrales coexisten con discursos alineados con una mentalidad desarrollista. Expresiones como “ya no le tenemos miedo a la naturaleza” revelan la influencia de una ontología naturalista orientada a domesticar el paisaje para incrementar la productividad.

Al igual que en Sibundoy con el río Balsayaco, la urbanización y las actividades extractivas han transformado profundamente la vida cotidiana en Versabal y su relación con el río Orito, lo cual motivado la participación de M.A, en los procesos de consulta previa y espacios de diálogo impulsados por  las autoridades regionales.

En este contexto, Versabal se configura como un territorio de diferencia. Las luchas emprendidas por su Consejo Comunitario se inscriben en los principios del Proceso de Comunidades Negras: la afirmación del ser, el derecho a existir y autodeterminarse, y el derecho a proyectar un futuro colectivo. La apropiación territorial y la defensa de mecanismos comunitarios para la conservación de la biodiversidad y la cultura constituyen el núcleo de su resistencia frente a las fuerzas hegemónicas que la rodean.

Según A. M., los animales acuáticos —como serpientes, peces y otros seres del río— poseen un espíritu que moldea y sostiene activamente su entorno. Cuando se extrae un “pez madre”, su espíritu se marcha, alterando el equilibrio del ecosistema. En su relato, este desequilibrio puede manifestarse en la desaparición de cuerpos de agua o en lo que describe como la “ira” del agua, expresada a través de inundaciones o tormentas. Vincula esta interpretación con acontecimientos como la devastadora avalancha de Mocoa en 2017, enmarcando la catástrofe ambiental dentro de una cosmología relacional.

Más allá de su dimensión espiritual, A. M. subraya que los desafíos relacionados con el agua se han intensificado con el tiempo debido al crecimiento demográfico, la deforestación, la sobrepesca y la aceleración del extractivismo. La pesca, que antiguamente se practicaba con anzuelo y únicamente para el autoconsumo, fue progresivamente comercializándose, contribuyendo al agotamiento de la fauna acuática. Mosquera recuerda prácticas destructivas en la quebrada 20 de Julio (“La 20”), donde en la década de 1960 se utilizó dinamita y en los años 80 sustancias tóxicas como el metavín. Estos métodos alteraron gravemente los ecosistemas acuáticos, reduciendo las poblaciones de peces y debilitando la salud de los cuerpos de agua y, por extensión, el bienestar de la comunidad.

En relación con el río Orito, explica que antes de la década de 1970 sus aguas eran consideradas limpias y aptas para el consumo. Sin embargo, con el crecimiento poblacional y la llegada de las empresas petroleras, la contaminación aumentó. Atribuye este deterioro a la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales y al vertimiento de efluentes industriales, particularmente de operaciones petroleras estatales. Hoy en día, el río es percibido como no apto para la pesca ni para usos domésticos.

A través del relato de Mosquera, la naturaleza aparece no solo como un conjunto de elementos físicos o biológicos, sino como un sistema vivo impregnado de espíritu y significado. Los “peces madre” y los cuerpos de agua son entendidos como agentes activos que sostienen el equilibrio ecológico. Respetar estas relaciones resulta esencial para evitar la desestabilización ambiental y la pérdida de vitalidad de los ecosistemas. 

Contrastamos el testimonio de A. mientras nos muestra el último balde de agua extraído del pozo. Según ella, el problema se debe en parte a procesos de infiltración vinculados al agua utilizada para limpiar los oleoductos enterrados de la ciudad, la cual transporta contaminantes y otras sustancias hacia el sistema municipal de suministro. En el pasado, las familias podían acceder a cursos de agua alternativos para ciertos usos domésticos, pero esta situación ha cambiado en los últimos años:

En visitas a distintos sectores de la ciudad donde existen canales urbanos, el agua se encontraba alterada tanto por vertidos como residuos sólidos. Afectados por malos olores, estos espacios se han convertido en zonas a evitar y en focos de enfermedad, como también ha ocurrido en Orito y Mocoa. De esta manera, una vez más, se visibilizan los problemas asociados a los intereses biopolíticos de las políticas modernas de gestión del agua, a través de los cuales el agua es destinada a garantizar el desarrollo de ciertas actividades comerciales en detrimento de los grupos sociales más vulnerables, que se ven abocados a cubrir sus necesidades en modos que les son insuficientes para alcanzar un estado aceptable de bienestar. 

No todos los habitantes dependen exclusivamente de la pesca. Algunos se ganan la vida transportando pasajeros a través del río, trabajando como guías turísticos informales o abasteciendo de combustible a las embarcaciones que transitan este corredor fluvial. La mayoría vive en condiciones precarias y se ve obligada a abandonar temporalmente sus viviendas durante la temporada de lluvias, cuando el río Putumayo crece y provoca inundaciones. En esos periodos, algunas familias se trasladan a barrios empobrecidos del centro urbano.

A lo largo de la ribera se observan plataformas improvisadas de combustible junto a grandes barcazas ancladas al lado de pequeñas embarcaciones, mientras la vida cotidiana transcurre en constante movimiento. Unos reparan sus lanchas; otros se bañan, limpian pescado, descargan mercancías o esperan ser transportados al otro lado del río. En este escenario, el río adquiere significados múltiples y superpuestos, reflejados en las diversas prácticas que coexisten en sus márgenes —a menudo con escasa regulación visible—. No obstante, predomina su función utilitaria y de transporte.

De este modo, Puerto Asís se configura como un territorio anfibio, donde el agua desempeña un papel decisivo en la disposición y configuración del paisaje urbano, delimitando zonas habitables y no habitables. Al mismo tiempo, el agua queda sujeta a un relato dominante de escasez que orienta su gestión, generando dinámicas de desigualdad entre barrios, algunos favorecidos, otros marginados y otros, como este distrito, sumidos en el abandono administrativo.

Según explica, el río Putumayo ya no es apto para el consumo humano, lo que obliga a los habitantes a buscar fuentes alternativas de abastecimiento. Pero también alude a los cambios estacionales: durante la época seca, cuando el caudal disminuye considerablemente y la navegación se vuelve más compleja, la movilidad se interrumpe y algunos residentes deben esperar a que mejoren las condiciones.

Más allá de los problemas ambientales, Don E. señala un contexto de creciente inestabilidad en la región. Menciona la reactivación de grupos armados y redes de narcotráfico que utilizan el río como corredor de transporte. Según su relato, la violencia ha aumentado especialmente en las zonas del sur, afectando las rutinas cotidianas, restringiendo la movilidad y generando incertidumbre en torno al transporte fluvial y a las actividades comerciales que dependen de él.

Nuestros interlocutores asocian el deterioro de la calidad del agua no solo con los derrames de hidrocarburos, sino también con la reinyección de aguas contaminadas en pozos abandonados. Aunque no se han realizado estudios epidemiológicos que permitan establecer relaciones causales concluyentes, miembros de la comunidad reportan afecciones cutáneas y otros problemas de salud que atribuyen a la contaminación petrolera.

Las presiones ambientales no se limitan a la contaminación. La deforestación y la erosión que son necesarias para erigir las infraestructuras extractivas a lo largo del río Putumayo han modificado la dinámica fluvial, intensificando la socavación de las riberas y poniendo en riesgo la infraestructura hídrica. Según fuentes locales, tramos del sistema de acueducto de Puerto Asís han resultado afectados por la erosión, dejando sin acceso  a agua potable a aproximadamente el 35 % de la población que dependía de esta red. En zonas rurales, la inestabilidad de las riberas también ha implicado la pérdida de tierras y viviendas.

Desde el auge petrolero de la década de 1960, y a pesar de la oposición de las comunidades locales, las licencias ambientales para la explotación de hidrocarburos han seguido otorgándose de forma continuada, alimentando la desconfianza hacia las instituciones responsables de regular esta actividad. Al mismo tiempo, los esfuerzos comunitarios para mitigar los impactos de los derrames de petróleo han recibido un respaldo institucional limitado, mientras que la atención a las familias afectadas ha sido insuficiente. 

E.P. explica que los procesos de monitoreo ambiental no han sido dotados de los recursos técnicos y financieros necesarios. Por ello, solicita apoyo estatal para desarrollar estudios integrales que permitan evaluar con precisión la magnitud y gravedad de la contaminación. Asimismo, propone la implementación de procesos de biorremediación como estrategia para recuperar suelos y fuentes hídricas degradadas. Sin una intervención decidida, advierte, la degradación ambiental podría traducirse en nuevos desplazamientos y en una profundización de la crisis socioambiental ya existente.

La resistencia campesina cristalizó en asociaciones como la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo (Acsomayo) en 2003, así como a la formulación de un Plan Integral de Vida que propone alternativas al modelo extractivo dominante. Sin embargo, pese a protestas, audiencias públicas y demandas de revocatoria de licencias, la expansión petrolera ha afectado más de 12.000 hectáreas y desplazado a decenas de comunidades. 

La contaminación no ha sido el único desafío. Su trayectoria como lideresa comunitaria también ha estado marcada por la violencia. Tras desempeñarse como fiscal en Teteyé, participó en la creación de la vereda Buenos Aires y en la gestión de su reconocimiento jurídico, un proceso que estuvo acompañado de amenazas constantes y enfrentamientos armados, incluidos ataques con cilindros bomba. Durante algunos periodos, el temor a los combates y a los sobrevuelos militares impedía incluso que los niños asistieran a la escuela.

Hoy, las consecuencias siguen siendo visibles. La escasez de agua limpia y la degradación del suelo han reducido la productividad de cultivos tradicionales como el plátano, la yuca y el maíz. L.F.R. también relaciona la contaminación con el aumento de enfermedades graves en la comunidad, recordando que varios de sus familiares han fallecido por cáncer. A ello se suma una creciente militarización del territorio que, a su juicio, prioriza la protección de la infraestructura petrolera por encima de la seguridad y el bienestar de la población. Mientras las bases militares permanecen en la zona, muchas comunidades continúan careciendo de servicios básicos como telecomunicaciones o transporte confiable.

Casi nueve años después de la firma del Acuerdo de Paz, el corredor Puerto Vega–Teteyé sigue siendo un territorio donde convergen la extracción petrolera, el conflicto armado y las economías ilícitas. Disidencias de las antiguas FARC y otros grupos armados disputan el control de la región, generando nuevas tensiones asociadas a los cultivos ilícitos y a la limitada presencia estatal. Sus acciones, que incluyen ataques a la infraestructura petrolera, provocan además nuevos episodios de contaminación ambiental. En este contexto, extractivismo, violencia y debilidad institucional continúan alimentándose mutuamente, profundizando la vulnerabilidad socioambiental de las comunidades que habitan el territorio.

La Samaritana surgió del esfuerzo colectivo de tres pueblos indígenas —Murui, Kichwa y Coreguaje— que, en 2016, decidieron compartir un mismo espacio territorial bajo la guía de sus mayores. Su objetivo común fue proteger sus tierras ancestrales frente a la deforestación, la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos. El proceso de unificación implicó la clarificación de límites territoriales, la resolución de situaciones jurídicas pendientes y la organización conjunta de estrategias de gobernanza y manejo sostenible.

A través de esta colaboración, delimitaron 23.360 hectáreas de territorio colectivo, asignando porciones específicas a cada pueblo: 905 hectáreas para los Murui, 859 para los Kichwa y 896 para los Coreguaje.

Hoy, La Samaritana constituye un ejemplo de unidad indígena y resistencia territorial, respaldada por organizaciones como la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas de Puerto Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), que articula autoridades Awá, Siona y Murui-Muinane en la defensa de los derechos territoriales, la justicia ambiental y la preservación de sus formas de vida tradicionales.

Sin embargo, la región enfrenta crecientes desafíos derivados de la presencia de múltiples actores armados —la presencia del ejército Nacional, grupos paramilitares, disidencias de las FARC, narcotraficantes y otras estructuras criminales— que disputan el control territorial. En este contexto, La Samaritana se encuentra atrapada entre la necesidad de protección y las restricciones impuestas por una base militar establecida dentro de su territorio ancestral. Como explica la ex gobernadora M. C.:

Si bien la base militar busca proteger el casco urbano de Puerto Leguízamo, ha limitado severamente la movilidad y el acceso a tierras y fuentes de agua esenciales para la supervivencia física y cultural de la comunidad. La deforestación asociada a la ganadería destinada al abastecimiento del campamento militar ha reducido áreas fértiles y afectado el acceso al agua potable.

El abuelo J. señala que el territorio posee más de noventa años de historia colectiva y ha enfrentado profundas crisis ambientales y territoriales. Entre ellas, la contaminación del agua destaca como una de las más críticas.

Aunque estudios han confirmado altos niveles de contaminación y la presencia de parásitos, ninguna institución ha implementado acciones efectivas de remediación. El agua del Caño Chamba no es apta para el consumo humano ni animal. Sin embargo, ante la falta de alternativas, la comunidad se ve obligada a utilizarla en ocasiones. Estrategias adaptativas como la recolección de agua lluvia han brindado alivio parcial, pero resultan insuficientes para garantizar un acceso continuo y seguro al agua potable. La inseguridad hídrica persiste así como un problema estructural que refleja tanto la degradación ambiental como las deficiencias en infraestructura y respuesta institucional.

A estas problemáticas se suman la deforestación derivada de la ganadería extensiva y la ubicación del vertedero municipal en cercanías de nacimientos de agua, factores que agravan la crisis ecológica.

Puerto Leguízamo alberga una notable diversidad territorial indígena, con 11 resguardos legalmente reconocidos distribuidos en aproximadamente 2.438,7 km², según el Ministerio del Interior. No obstante, el municipio registra una de las tasas de deforestación más altas del departamento de Putumayo, concentrando cerca del 25% de la pérdida forestal regional. Entre los principales impulsores se encuentran los cultivos ilícitos, la minería ilegal de oro, la ganadería extensiva, la extracción de hidrocarburos y la tala no autorizada.

Entre 2001 y 2023, Puerto Leguízamo perdió aproximadamente 82.200 hectáreas de cobertura arbórea —una reducción del 8,3% respecto al año 2000— lo que implicó emisiones estimadas en 58,2 millones de toneladas de CO₂ (Global Forest Watch, s.f.). De manera más específica, entre 2002 y 2023, las tierras indígenas y comunitarias del municipio perdieron 8.310 hectáreas de bosque primario húmedo, equivalente al 10% de la pérdida total de cobertura arbórea en ese periodo y a una reducción del 3,1% del bosque primario existente.

A pesar de la acumulación de desafíos, la comunidad de La Samaritana continúa defendiendo su cultura, su territorio y sus bienes naturales frente a presiones externas. El agua, en particular, no es concebida únicamente como un derecho humano fundamental, sino como una expresión viva de su vínculo espiritual y territorial con la naturaleza. A través de la organización colectiva y del liderazgo intergeneracional, la comunidad sostiene su lucha por proteger las bases ecológicas de su existencia y garantizar la continuidad de sus formas de vida ancestrales.

La información aquí presentada ha sido triangulada con información proveniente de artículos académicos, reportajes periodísticos, consultas a agentes clave. Gran parte de las fuentes están recogidas en trabajos académicos de Verónica Rebollo y Nils Neuman, que pueden ser consultados bajo petición a través del mail de contacto.

Si quiere documentarse más sobre el proyecto, o ponerse en contacto con alguno de los participantes en el reportaje o sus iniciativas, no dude en contactarnos a través de este mail: info@puentecolectivo.com