Nos alojamos en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Paway, una iniciativa privada de conservación gestionada por M. y su esposo, D. En 2011 adquirieron un predio de bosque nublado con el propósito de protegerlo frente al auge extractivista, principalmente la explotación petrolera y maderera.

Sus intentos por obtener respaldo institucional han tenido resultados limitados. A su juicio, la conservación de la biodiversidad ocupa un lugar marginal en las agendas públicas, que con frecuencia priorizan la inversión extractiva. Señalan que el frágil equilibrio hidrológico de Mocoa se ve aún más comprometido por la deforestación en laderas y por la fragmentación de la acción institucional. Los vacíos normativos que se producen debido a políticas sectoriales que abordan los elementos naturales de forma aislada contribuyen a una degradación ecológica acumulativa.

En Mocoa nos encontramos con una situación en la que viviendas precarias se alinean a lo largo de las riberas desprovistas de vegetación y de medidas de contención. En este escenario se hace evidente el rol dicotómico del agua, como sustento de la vida y, al mismo tiempo, agente con potencial devastador.

El río se convierte además en receptor de contaminación urbana. Grandes tuberías descargan aguas residuales directamente en el río Mulato, mientras residentes cercanos continúan utilizando sus aguas para actividades de subsistencia e higiene.

Estas condiciones evidencian las consecuencias de una planificación urbana inadecuada, que reproduce desigualdades en el acceso a salud, saneamiento y vivienda segura. A pesar de la tragedia de Mocoa en 2017, numerosos asentamientos informales fueron reconstruidos en zonas de alto riesgo. Años después, habitantes como S. Chindoy continúan viviendo con las secuelas materiales y emocionales del desastre.

En Colombia, la autoridad ambiental regional, Corpoamazonía, tiene la función de traducir los mandatos ambientales nacionales en acciones regionales y locales. En el ámbito del manejo del agua, esta traducción se materializa a través de instrumentos de planificación como los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), estos últimos enfocados en sistemas fluviales específicos.

Sin embargo, dichos instrumentos se inscriben en una arquitectura de políticas más amplia en la que el gobierno nacional aborda la gestión de la naturaleza a través de un enfoque sectorial. Esta perspectiva segmentada tiende a invisibilizar la interdependencia y la interconexión de los sistemas naturales. Al concebir la naturaleza como un conjunto de “recursos” discretos, desligados del resto de componentes del ecosistema, estas pautas de manejo reflejan una lógica antropocéntrica y reduccionista, fuertemente influenciada por prioridades económicas y orientadas al mercado.

En 1982, el gobierno colombiano identificó un importante yacimiento de cobre y molibdeno en la región de Mocoa. Actualmente, este depósito es objeto de exploración por parte de la empresa canadiense Libero Copper, pese a reiterados mandatos gubernamentales que han ordenado la suspensión de dichas actividades. El proyecto ha generado una fuerte oposición por parte de comunidades locales y defensores ambientales, dado que el modelo propuesto se basa en minería a cielo abierto, con potenciales impactos ecológicos severos. Aunque la empresa sostiene que aplica prácticas sostenibles, comunidades indígenas y campesinas han denunciado afectaciones ambientales y la presunta ausencia de los permisos ambientales correspondientes.

En 2018, el Concejo Municipal de Mocoa aprobó un acuerdo que prohíbe la minería a gran escala en el municipio con el fin de proteger su patrimonio natural y cultural. En 2021, Corpoamazonia ordenó la suspensión de las labores de exploración, y la Agencia Nacional de Minería (ANM) emitió igualmente una orden de suspensión por falta de autorización adecuada. En 2022, un juez rechazó una demanda de nulidad interpuesta por la empresa y reiteró la obligación de suspender todas las actividades mineras y retirarse del territorio. No obstante, investigaciones posteriores revelaron que entre 2021 y 2022 continuaron actividades de exploración, incluyendo tala de árboles y manejo inadecuado de residuos de perforación, lo que motivó la apertura de una investigación penal por posibles delitos ambientales.

A inicios de 2025, la empresa habría avanzado un programa de perforación de 14.000 metros para evaluar el depósito, enmarcando sus acciones en un discurso de acuerdos comunitarios e inversión social. Mientras tanto, las presiones mineras han profundizado divisiones internas en las comunidades locales, entre quienes ven en la minería una oportunidad económica y quienes la consideran una amenaza cultural y ambiental. Las protestas y acciones de resistencia continúan, incluso en un contexto donde las prioridades nacionales en torno al suministro de minerales para infraestructuras de energías renovables complejizan la oposición local.

Otro foco de tensión ha surgido con respecto a EMAS S.A.S., empresa de saneamiento urbano perteneciente a la multinacional Veolia, la cual ha sido encomendada la gestión de los residuos sólidos urbanos de Mocoa a través de un vertedero a cielo abierto que recibe el nombre de Parque Tecnológico Ambiental Wayra. El conflicto se concentra en la vereda Medio Afán, compuesta mayoritariamente por familias campesinas, cuyos habitantes denuncian afectaciones severas derivadas del lixiviado de residuos que contaminan la quebrada Medio Afán. Años de contaminación han desencadenado reiteradas protestas, incluyendo el bloqueo del acceso al relleno sanitario durante casi un mes en 2024. La comunidad ha solicitado realizar las investigaciones pertinentes a Corpoamazonia, señalando prácticas inadecuadas en la gestión de residuos.

A pesar de las denuncias formales y de la evidencia reportada sobre daños ambientales, miembros de la comunidad sostienen que la autoridad ambiental no ha adoptado medidas contundentes para frenar la degradación. Esta percepción de inacción regulatoria ha llevado a cuestionamientos sobre el compromiso institucional con la protección ambiental, señalando incluso posibles interferencias de intereses políticos.

En respuesta a estas críticas, la empresa afirma haber implementado diversas medidas de mitigación durante el período 2024–2025, respondiendo a las demandas de Corpoamazonia en sisi2019. Según comunicaciones corporativas, dichas acciones incluyen la continuidad en la recolección y limpieza urbana, iniciativas de participación comunitaria, actividades de educación ambiental, jornadas de limpieza, articulación con escuelas y organizaciones locales, y ajustes en los horarios de recolección.

No obstante, hasta la fecha persiste el activismo que reivindica el cierre definitivo del relleno sanitario, mientras los sectores más críticos sostienen que la operación continúa sin abordar las problemáticas sociales y ambientales generadas.

M. nos conduce hasta la Casa de Encuentro de ASOMI, donde nos recibe María Rosario, mujer Kamëntsá del Valle de Sibundoy y exrepresentante legal de la organización. Sentadas en círculo, nos presenta ASOMI como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión colectiva orientado a fortalecer la medicina tradicional desde el conocimiento y la cosmovisión de las mujeres indígenas. En este sentido, ASOMI cumple una doble función: revaloriza saberes femeninos desplazados por un modelo ideológico que relega el cuidado a un lugar secundario - reflejando los valores patriarcales que sostienen el extractivismo- y, al mismo tiempo, reivindica el papel de las mamitas como transmisoras fundamentales de conocimiento y guardianas de cosmologías amenazadas.

Junto a sus compañeras, María Rosario ha observado un deterioro tanto en la disponibilidad como en la calidad del agua, lo que afecta la vitalidad de las plantas medicinales y, en consecuencia, la salud de las mujeres y sus familias. Explica que el abuso continuado sobre el territorio ha debilitado su capacidad para sostener la vida.